La Fiscalía del TSJA ha abierto Diligencias (Investigación Penal 17 /2019) con posterior archivo y remisión a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada al objeto de investigar los hechos denunciados por AMAyT ocurridos en la Escuela Pública de Hostelería de Granada.

Según la denuncia de Don Francisco José Sánchez del Águila Ramón, presidente de AMAyT, existen  sospechas de la ausencia de licencias municipales preceptivas del Ayuntamiento de Granada y licencia autonómica de “calificación ambiental”, y es inexplicable que el Consistorio Granadino no haya tomado cartas en el asunto y depurado responsabilidades habiendo dado lugar a la caducidad de los expedientes sancionadores y de disciplina urbanística por estos hechos, por lo cual AMAyT ha solicitado la reapertura de dichos expedientes.

El asunto denunciado es muy grave, pues puede afectar a la salud pública de los alumnos y usuarios externos, pues no queda claro si la Escuela de Hostelería de Granada dispone de documentos como la “licencia de primera ocupación, “licencia de actividad”, y otras para el ejercicio de la actividad hostelera encubierta.

Esta redacción ha tenido conocimiento de que la Consejería de Salud no facilita los expedientes íntegros relativos a la “manipulación de alimentos”, incumpliendo palmariamente la Ley de la Transparencia con excusas peregrinas.

El expresidente de Andalucía Manuel Cháves durante la inauguración de la Escuela de Hostelería de Granada

Los hechos denunciados por AMAyT podrían ser extensivos a todas las escuelas de hostelería andaluzas, ya que, según ha podido conocer esta redacción, este mismo modus operandi se podría estar reproduciendo en otros centros, por lo cual, los servicios jurídicos de la asociación pueden ampliar la denuncia a otros centros, y en concreto a la Escuela de Hostelería de Almería. Además, ninguna escuela pública de hostelería de Andalucía dispone del preceptivo “registro sanitario”, obligatorio desde 2012 para la venta y mercadeo externo de comidas, pan, tartas, bebidas alcohólicas, etc. La cuestión no es baladí ni se trata de un hecho aislado. Basta con entrar en Internet y comprobar la “oferta de este mercadeo hostelero” por parte de las Escuelas de Hostelería, en las que debe primar la enseñanza y no una actividad empresarial.

Tampoco disponen de este registro la mayoría de comedores escolares para alumnos de todas las escuelas públicas andaluzas, lo que afecta igualmente a los comedores públicos de ayuntamientos, diputaciones, residencias y la propia Junta de Andalucía, constituyendo per se un tema suficientemente grave que afecta a la sanidad y salubridad de consumidores y usuarios de esas actividades, vulnerando, además del derecho de la competencia al ser un “negocio de hostelería paralelo y  presuntamente encubierto” a la actividad docente al trabajar para para clientes externos. Este es un hecho bien conocido y consentido durante años por las altas esferas de la Consejería de Educación y Empleo y otros organismos de administración andaluza, desconociéndose los espurios intereses que ocultan dichas actividades encubiertas.

Se deduce, por tanto, que existe una “presunta relación laboral encubierta”, puesto que los alumnos realizan un trabajo para terceros, por el que cobran jugosas cantidades los responsables de la escuela. Esto implica “competencia desleal” e “intrusismo profesional” frente a los establecimientos hosteleros que pagan sus impuestos, gastos propios de sus negocios y actividades mercantiles. Conviene recordar que el presupuesto debería estar destinado a los alumnos y no para generar presuntos y pingües beneficios de los gestores de la Escuela, y además sin emitir facturas a los consumidores finales, hecho que supone que se ignore la cuantía real de estos servicios.

Además, en el “consejo social” de la escuela de hostelería de Granada, se encuentran sindicatos que supuestamente representan a trabajadores UGT, CCOO, organizaciones empresariales que deberían velar por los intereses de sus asociados, como la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y Confederación Granadina De Empresarios, organismos públicos que deben velar por la legalidad, como la Consejería de Empleo, inspectores de Educación y el jefe de RR.HH, que deberían haber tomado buena nota, cosa que no han hecho, y poner estos hechos en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales, lo que denota una grave dejación de sus funciones.

AMAyT va a denunciar administrativamente estos hechos ante la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo para que procedan de inmediato a las Inspecciones de rigor en todas las escuelas de Hostelería de Andalucía y depuren todas las responsabilidades que hubiera lugar en derecho con la apertura de los expedientes disciplinario y de todo tipo acordando el cese inmediato de todos los responsables de dichas actuaciones irregulares.