Nota de prensa íntegra del sindicato Unión de Policía Local de El Ejido

Los miembros de la Plantilla de la Policía Local y, en general, todos los trabajadores del Ayuntamiento de El Ejido, estamos cansados de ver cómo a lo largo de estos ocho años el Equipo de Gobierno del Partido Popular bajo la Alcaldía de Francisco Góngora ha usado las Relaciones de Puestos de Trabajo del ayuntamiento como un instrumento de su exclusiva propiedad mediante el cual se ganan voluntades y se someten siervos.

Y es que, en lo de colocar a personas en determinados puestos de trabajo con características a su justa medida, se han movido siempre por esa fina línea que separa lo legal de lo delictivo; pero el hecho de que no sea ilegal no significa que esté bien hecho o sea justo o ético.

Porque, en contra de la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, en este ayuntamiento las Relaciones de Puestos de Trabajo contienen todo tipo de modificaciones que no están amparadas ni por la obligada negociación colectiva ni por valoraciones de puestos de trabajo, sino por la voluntad arbitraria o la apuesta personal de algún miembro del Equipo de Gobierno.

Nos sorprende que los técnicos del Área de Personal, con una más que dilatada carrera profesional a sus espaldas, hayan estado amparando procedimientos no avalados por la Doctrina del Tribunal Supremo y confiamos en que, una vez señalada desde este sindicato la improcedencia del mecanismo que han estado usando, aborten la actual RPT con las últimas modificaciones y la sometan al proceso de negociación que la Ley exige.

Ese es el motivo por el que UPLE ha impugnado la RPT del ayuntamiento de El Ejido para este año. Porque creemos que no se pueden seguir creando puestos a medida para nadie, por muy cercanos que sean al Equipo de Gobierno, y porque todos los trabajadores municipales llevan ocho años esperando que se les reconozca, de una parte, la pérdida de poder adquisitivo, y de otra, el reconocimiento del incremento en la carga de trabajo de un municipio que no deja de crecer.

Esperamos que sean conscientes que de no atender esta declaración de nulidad de la RPT podría llevar a la impugnación directa de los presupuestos municipales y a la paralización de los mismos.