En el largo e intenso artículo que podrán leer completo pinchando en el enlace del final, su autor. Marcos Larrazábal, advierte sobre los precedentes de la conocida como Trama Amat, que se inició hace ya siete años cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Roquetas de Mar abrió diligencias previas por la denuncia presentada por AMAyT contra la presunta organización criminal dirigida por Gabriel Amat, que en los últimos años ha venido ocupando los puestos de alcalde de Roquetas de Mar, presidente de la Diputación de Almería, miembro del Comité Electoral de Andalucía y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PP, entre otros muchos cargos públicos y privados. A partir de la causa principal se han derivado otras 25 piezas separadas, todas ellas ya abiertas, según se desprende del artículo de La Tribuna de España, y se encuentran pendientes de su apertura otras tantas, ya acordadas mediante resolución judicial. Para ello el Ministerio Fiscal y la entonces juez instructora ordenaron que se realizara una investigación por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDyCO) de la Costa del Sol, donde se dejaba constancia de las vinculaciones jurídicas de 22 sociedades mercantiles, todas ellas relacionadas con la supuesta trama y el ayuntamiento de Roquetas presidido por Gabriel Amat.

En la denuncia presentada por el abogado Francisco José Sánchez Ramón, presidente de la Asociación Mediterránea contra la Corrupción y por la Transparencia (AMAyT), ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con fecha 11 de septiembre de 2018, relata Marcos Larrázabal, se ponen de relieve las presuntas graves irregularidades procesales en el manejo judicial del procedimiento de investigación, y se citan, entre otros, cita textual: “(…) los retrasos injustificados en la tramitación del procedimiento, que sólo podrán llevar a la prescripción de los presuntos delitos y las alteraciones documentales de las resoluciones judiciales efectuadas por el propio juez instructor, estas últimas de especial gravedad, según se afirma en la denuncia de AMAyT, porque la juez Otilia Fornieles Romero había cesado como juez en el procedimiento cuando dictó una serie de resoluciones. Según explica la denuncia, los documentos judiciales fueron antedatados por la juez. Parece ser que los elaboró en el mes de Mayo –que fue cuando fueron introducidos en el sistema Lexnet- pero se fecharon entre los días 9 y 13 de abril. Fueron notificados sin firma manual y sin firma y fecha electrónica, a través de documento Word”, continúa el artículo de La Tribuna de España, y añade: “La firma electrónica y el uso de las herramientas telemáticas -a disposición de la Administración de Justicia- es algo a lo que está obligada toda persona relacionada con esa misma Administración de Justicia desde 1985. (…) En la denuncia consta que las irregularidades a que se hacían referencia por parte de la mencionada juez fueron reconocidas por parte del funcionario de la Administración de Justicia del Juzgado que tiene asignados estos procedimientos en el Juzgado. A mediados de abril, la Juez previamente referida había sido cesada en el procedimiento por la toma de posesión de una nueva juez, Purificación Ferrerio García. No podía, por tanto, dictar resoluciones al efecto al carecer de jurisdicción ni tener prórroga de la misma por el TSJA.”                                    Estas irregularidades, cuenta Marcos Larrazabal, “fueron puestas en conocimiento de la nueva juez por AMAyT en diversos escritos procesales para que lo pusiera en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Presidenta de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía para que tomaran las medidas judiciales o disciplinarias oportunas. Parece ser que la juez no hizo nada al respecto. Dada la falta de actuación de la Jueza, AMAyT presentó la Denuncia a que hace referencia este artículo, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de los jueces- para que el Consejo obrara en consecuencia.”

Y prosigue el artículo de La Tribuna de España: “Por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde Diez, existente en el seno del CGPJ se abrieron Diligencias Informativas tras la recepción de la denuncia. ¿Qué ocurrió con esas Diligencias Informativas? Lo que suele ocurrir con mucha frecuencia cuando se presentan quejas contra jueces, por bien fundamentadas que estas vengan… se archivaron.”

“La nueva juez titular, Purificación Ferreiro García, contestó diciendo que: Había decidido imponer fianza como acusación popular a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), que era la que había presentado la Denuncia ante el CGPJ. Esta es una decisión, según la asociación anticorrupción, que va en contra de un auto previo, ya firme, que declaraba el derecho a la personación de AMAyT como acusación popular sin necesidad de prestación de fianza. En el mismo sentido se había actuado por el Juzgado en las 25 piezas separadas del procedimiento.”

Todo el artículo de Marcos Larrazábal pinchando aquí: https://latribunadeespana.com/espana/juez